La fiscalización, efectuada entre el 19 de noviembre y 5 de diciembre pasados, abarcó a 327 organismos públicos tales como intendencias, servius, subsecretarías, servicios públicos y de salud, gobernaciones regionales y provinciales y hospitales autogestionados. En la medición se incorporó, además, a la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación Escolar.
El proceso midió la presencia del banner de Transparencia Activa en el sitio web, la existencia y operatividad de los vínculos a las materias exigidas por la ley 20.285; la actualización de la información disponible en la web dentro de los diez primeros días hábiles del mes y la revisión de 15 ítems evaluados, con 252 aspectos obligatorios.
Complementariamente, se revisó la existencia de buenas prácticas (38 aspectos), ítem que fue evaluado pero que no forma parte del puntaje final obtenido por las instituciones.
Un puntaje promedio de 96,23% alcanzaron los Organismos de Administración Central en el cumplimiento de Transparencia Activa (TA), en el quinto proceso de fiscalización realizado por el Consejo para la Transparencia. La cifra representa una disminución de 0,7% respecto de 2012 cuando dichas instituciones públicas alcanzaron un 96,93%.